En las últimas semanas, la situación que enfrenta Cuba ha entrado en una fase crítica. El recrudecimiento del ejercicio imperialista por parte de Estados Unidos ha transformado un bloqueo económico de larga data en un cerco energético que está afectando directamente la vida de los ciudadanos cubanos. La escasez de combustible ha llevado al sistema eléctrico al límite, lo que ha provocado extensos apagones de más de 15 horas en La Habana y hasta dos días seguidos en otros puntos de la isla. Así es como el sistema de salud opera a marchas forzadas, el acceso al agua se vuelve intermitente y la actividad económica se paraliza.
Sin electricidad, el funcionamiento de servicios básicos se deteriora con rapidez, lo que a su vez dificulta que el propio sistema cubano garantice el acceso de su población a ciertos derechos humanos. El gobierno de Donald Trump está consciente de esto. La presión de Estados Unidos sobre el suministro de petróleo y las sanciones dirigidas a terceros países que intenten desafiar el bloqueo, buscan aislar a Cuba hasta la insostenibilidad. Es imposible negar que presiones de esta naturaleza constituyen una afrenta directa a las decisiones soberanas de otros Estados.
México no está exento de lidiar con estas tensiones. Nuestra relación económica con Estados Unidos es determinante; también lo es nuestra tradición diplomática. La autodeterminación de los pueblos ha sido un eje constante en nuestra política exterior, y sostenerlo cobra mayor urgencia cuando están de por medio las vidas de millones de personas.
Desde la izquierda, la postura es aún más clara. La imposición de medidas de asfixia energética por parte de un poder imperial, como lo pretende ser la administración Trump, es inaceptable. Ningún Estado puede asumir tener la facultad de intervenir en otro. El uso de sanciones y restricciones energéticas como forma de presión constituye una vía de injerencia que vulnera principios básicos de igualdad entre los países. Cuando una potencia condiciona el acceso a recursos esenciales, altera el margen de acción de otro país, y coloca a su población en una situación de dependencia y vunerabilidad.
Lo que ocurre en Cuba nos conscierne a toda América Latina. La presión sobre un país de la región establece un precedente que tiende a repetirse. La experiencia reciente en Venezuela muestra cómo estas dinámicas se sostienen en el tiempo y se ajustan según el contexto. Casos como el de El Salvador evidencian otra variante en la que la intervención se articula a través de acuerdos y marcos institucionales que terminan por legitimar una relación de subordinación. Aceptar ese escenario implica validar una forma de relación internacional basada únicamente en poder, en lugar de igualdad soberana y el respeto a ella.
El cerco energético sobre Cuba muestra el impacto de las presiones imperialistas sobre la vida de una población. Frente a ello, no podemos perder de vista que ninguna forma de intervención debe normalizarse, ya sea a través de bloqueos económicos, restricciones energéticas o mecanismos más institucionalizados; todas responden a una misma lógica que menoscaba la soberanía de los Estados. Ante ello, América Latina debe asumirse como una región capaz de sostener y defender la soberanía de cada uno de los países hermanos que la integran.
Fuente: Contralínea
