Exposición de motivos
Ana María Ibarra Olguín
La justicia no puede seguir siendo un privilegio inaccesible, una esperanza inalcanzable ni una promesa vacía. Es momento de mirar de frente el rostro de la injusticia y la desigualdad. En un país con tantos desequilibrios sociales como México, resulta inaceptable que el Poder Judicial permanezca distante del pueblo. Sus jueces, magistrados y ministros deben asumir la responsabilidad de prevenir, advertir y corregir sus propios errores, antes de ignorar con desdén las necesidades más urgentes de la sociedad. La justicia debe dejar de ser lenta, indiferente y selectiva, para convertirse en una herramienta real de cambio y equidad.
Para corregir el rumbo, las personas juzgadoras debemos construir verdaderos espacios de atención, donde las demandas de los más desfavorecidos sean resueltas con empatía y sensibilidad. Los tribunales deben convertirse en lugares donde las personas sean tratadas con respeto, sus problemáticas no sean ignoradas y puedan encontrar soluciones que revindiquen sus derechos. Deben ser foros donde las ideas se debatan con profesionalismo y responsabilidad institucional, superando las formalidades para alcanzar una justicia real y efectiva.
En este proceso de renovación, la Suprema Corte debe dar el ejemplo. Sus criterios deben ser la guía que oriente el nuevo rumbo del Poder Judicial. El reto para sus ministros y ministras es encauzar el cambio social y cerrar la brecha de desconfianza con la ciudadanía.
Para lograr este propósito, los y las juzgadoras constitucionales deben demostrar una sólida capacidad técnica, además de apegarse a una filosofía judicial que se sostenga en dos pilares fundamentales: justicia con equidad y sentido social, y responsabilidad institucional.
Actualmente, el pueblo de México percibe a la justicia como elitista, lejana e insensible a los graves problemas de desigualdad que aquejan a nuestra sociedad. Para acercarnos a sus exigencias, necesitamos ministros y ministras que defiendan el valor de la equidad. Que sean capaces de advertir las vulnerabilidades de los más oprimidos y estudiar sus planteamientos con deferencia, sin excusarse en rigorismos técnicos absurdos. Es la única manera de nivelar la cancha y lograr decisiones verdaderamente justas.
Debemos reconocer que sólo la justicia con equidad y sentido social es cercana a la gente. Para alcanzarla, necesitamos que la visión progresista predomine en la posición interpretativa del derecho de los y las ministras de la Corte. Así tendremos juzgadores constitucionales que privilegien las decisiones sustantivas sobre los obstáculos procesales y que comprendan que sus sentencias trascienden la resolución de los casos para generar un impacto más amplio en la sociedad. Porque son precisamente sus resoluciones las que darán cauce al cambio social.
Ahora bien, la justicia con sentido social también exige un trato digno a las personas. Todos y todas merecen ser escuchadas con apertura y acceso al juez de su causa, así como recibir sentencias imparciales con rapidez y en lenguaje ciudadano. Debemos alejarnos de las argumentaciones barrocas que no responden a ningún criterio de justificación ni racionalidad, porque sólo acercando el derecho a la gente, podremos recuperar su confianza.
De igual manera, requerimos jueces y juezas constitucionales que comprendan su responsabilidad institucional y reconozcan los alcances de su labor. Perfiles que acepten que el Poder Judicial debe colaborar con el Legislativo y el Ejecutivo en la protección de los derechos humanos. Ministras y ministros sensibles a las exigencias de la democracia, particularmente a las demandas de la ciudadanía, a fin de no obstaculizar el cambio social. Ante todo, requerimos ministros y ministras que resuelvan con apego a sus atribuciones, siempre al amparo de la Constitución. Porque en ella encontramos la fuente de nuestra fuerza y el límite de nuestra función.
En ese marco de responsabilidad institucional también se encuentra la posición de ministros y ministras frente al precedente judicial. Necesitamos juzgadores que comprendan que sus resoluciones no pueden ir por un camino, mientras que la realidad social avanza en otra dirección. Perfiles capaces de tomar un rol activo en el cambio jurisprudencial, escuchando las decisiones previas de sus pares y ajustando el derecho a las necesidades sociales del presente.
La Suprema Corte demanda perfiles honestos, que superen cualquier escrutinio público. Porque serán precisamente sus virtudes las que definirán el estándar ético para el resto de personas juzgadoras del Poder Judicial. Quienes aspiramos a formar parte del máximo tribunal, debemos asumir la enorme responsabilidad de marcar la ruta de cambio en la procuración de justicia para recuperar la confianza del pueblo.
Hoy, México necesita a los y las mejores juristas. A quienes con un robusto sustento argumentativo pueden pacificar conflictos, convencer a las partes y guiar la resolución de contiendas futuras. Requiere también de ministros y ministras con una sólida formación académica y profesional, que no se limite a las habilidades técnico-procesales que también son muy necesarias.
Por vocación y convicción, aspiro a ser Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además de contar con las credenciales académicas y el respaldo de una larga trayectoria en el Poder Judicial, hago mía la filosofía judicial que nuestro país necesita. De ganar la confianza de las y los mexicanos, trabajaré por una justicia con equidad y sentido social, y con la más alta responsabilidad institucional.
Soy producto del esfuerzo de una familia modesta del norte de la República. Como parte de una larga tradición de izquierda, crecí discutiendo continuamente los problemas que aquejan a México y las mejores alternativas para resolverlos. Desde muy joven comprendí que mi vocación estaba en la judicatura.
Con dedicación, constancia y perseverancia, logré en su momento ser la secretaria proyectista más joven en la Corte, donde tuve la mejor guía y a los mejores colegas. Presenté proyectos de sentencia vanguardistas, con alto rigor técnico y que siempre avanzaban los derechos de los grupos vulnerables: derechos de las mujeres, los niños y los adolescentes, así como de las personas de origen indígena. Todos esos proyectos que se convirtieron en sentencias son mi más alto orgullo profesional y en ellos encuentro la motivación para regresar al máximo tribunal.
Con el tiempo, he conciliado mi vocación jurisdiccional con mi pasión por la academia. Porque además de desarrollar la sensibilidad social, los juzgadores debemos formarnos en las técnicas de interpretación más recientes. Estar siempre a la vanguardia en la teoría para dar las mejores respuestas prácticas. Con esa visión me doctoré en Derecho en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Gracias a ese perfil doble, tuve la oportunidad de dirigir el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte y de impulsar la publicación de más de ochenta obras en temas relevantes para la sociedad, como el derecho familiar, de daños y contra la discriminación.
Hace casi cuatro años soy Magistrada de Circuito en materia administrativa. Al atender casos técnicamente complicados y sensibles para la sociedad, he privilegiado la resolución a fondo de los asuntos sobre cualquier tecnicismo y he demostrado la sensibilidad social necesaria para garantizar los derechos de los más vulnerables. También he construido acuerdos aprovechando la experiencia de mis pares y defendiendo al mismo tiempo fuertemente mis posturas.
Entiendo la necesidad de generar decisiones de tribunal más que votos aislados. Mis sentencias dan cuenta tanto de mi calidad humana, como de mis conocimientos técnicos de jurista. Y mi filosofía judicial transmite con claridad mi más alta prioridad, lograr una justicia con equidad, sentido social y responsabilidad institucional.
