Alrededor del mundo, la presencia de mujeres en los espacios más altos del poder político sigue siendo excepcional. De acuerdo con el informe Mujeres en la Política 2026 de ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria, para el primero de enero de este año, únicamente 16 países en el mundo habrían elegido a una mujer como jefa de Estado. Ello equivale a poco más del diez por ciento. Por su parte, en los gabinetes las mujeres ocupan solo el 22.4 por ciento de los puestos ministeriales a nivel global.
Sin embargo, en México observamos una distribución distinta del poder político. Actualmente en nuestro país mujeres ocupan espacios clave de manera simultánea. La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el Poder Ejecutivo y al país entero, mientras que la Secretaría de Gobernación está al mando de Rosa Icela Rodríguez. Ariadna Montiel se encuentra próxima a encabezar la principal fuerza política del país tras la gestión de la anterior dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, nueva Consejera Jurídica de Presidencia. La Secretaría del Bienestar, pieza central en la operación territorial del gobierno, también continúa en manos de mujeres, ahora bajo la titularidad de Leticia Ramírez, conocida por su largo compromiso con el servicio público de este país.
Esta coincidencia en puestos estratégicos con capacidad real de incidencia marca una forma de ocupación del poder, lo que comienza a consolidarse como parte de la normalidad. Así se amplía el marco de lo posible, y se modifican las referencias sobre quiénes pueden estar al mando. En ese contexto, al dejar de leer la presencia de las mujeres como una excepción, nos vemos obligadas a redefinir los criterios de evaluación y rendición de cuentas de las personas que nos gobiernan.
Tampoco podemos obviar el valor del reconocimiento que conlleva ostentar cargos de este calibre. La presencia de mujeres en estos espacios responde a décadas de exigencias por abrir oportunidades y remover barreras dentro de la vida pública. Todas ellas toman su encargo con trayectorias consolidadas que las respaldan, experiencia política probada y agendas que pueden redefinir las prioridades nacionales. Su presencia en el poder abre la posibilidad de implementar, con autoridad real, políticas públicas más inclusivas y perspectivas de gobierno que atiendan necesidades históricamente ignoradas.
El reconocimiento a estas trayectorias también es una herramienta para transformar la percepción social sobre el liderazgo femenino en otros niveles de gobierno y cargos públicos. Ver a mujeres que ejercen el poder desde los espacios de decisión más altos, disipa prejuicios y normaliza su participación en la vida pública, lo que a su vez fortalece la legitimidad para las que ocupen esos cargos en el futuro. Es gracias a ellas que pavimentaron el camino que el resto podemos caminar, incluso hasta correr hacia la verdadera inclusión e igualdad.
Fuente: Contralínea
