Durante el VII Congreso Internacional Anticorrupción organizado por la International Chamber of Commerce Capítulo México, celebrado el pasado jueves 7 de mayo, la Magistrada Ana María Ibarra Olguín participó como panelista para reflexionar sobre los retos de la Reforma Judicial.
El espacio que reunió a especialistas nacionales e internacionales, integrantes del sector privado, personas servidoras públicas y representantes del ámbito jurídico para discutir algunos de los principales desafíos en materia de combate a la corrupción, fortalecimiento institucional y Estado de Derecho.
Como parte de las actividades del Congreso, la Magistrada Ana María Ibarra Olguín, Presidenta del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, participó en un diálogo sobre la reforma judicial mexicana a un año de la elección de jueces.
Durante la conversación se planteó que, si bien existía un diagnóstico correcto sobre muchos de los problemas estructurales del sistema de justicia mexicano —como la lejanía institucional, la falta de legitimidad y las desigualdades sistemáticas en el acceso a la justicia—, el modelo que actualmente se encuentra en implementación sigue siendo una construcción perfectible que requiere ajustes institucionales, técnicos y democráticos.
Entre los principales puntos abordados, la Magistrada destacó la necesidad de fortalecer las justicias locales, históricamente relegadas dentro de la discusión pública pese a ser el primer espacio de contacto de millones de personas con el sistema judicial.
Asimismo, se enfatizó la importancia de mantener una discusión pública seria e informada sobre los alcances y riesgos de la reforma judicial, apostando por una visión crítica que permita identificar áreas de mejora y construir soluciones institucionales sostenibles.
La participación de Ana María Ibarra Olguín en este espacio contribuyó a impulsar una reflexión crítica sobre el rumbo de la reforma judicial y los retos que aún enfrenta su implementación. La conversación puso énfasis en la necesidad de construir un modelo que responda al reclamo social de cambio, al mismo tiempo que fortalezca el acceso a la justicia y la confianza ciudadana en el Poder Judicial.
Fuente: Quadratín
