Esta es la premisa de Coyote vs. Acme, una película que lleva a los tribunales la tragicomedia del Coyote y plantea una pregunta que resulta menos absurda de lo que los personajes animados anuncian: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de una empresa por los daños que causan sus productos?
Durante décadas, Wile E. Coyote ha sobrevivido a explosiones, caídas desde precipicios y toda clase de accidentes provocados por su aferrado uso de los productos ACME.
Cada intento por atrapar al Correcaminos termina con el mismo resultado. El artefacto falla, el Coyote sufre las consecuencias y la persecución vuelve a comenzar.
Hasta que un día decide hacer algo distinto. En lugar de comprar otro producto, contrata un abogado.
Esta es la premisa de Coyote vs. Acme, una película que lleva a los tribunales la tragicomedia del Coyote y plantea una pregunta que resulta menos absurda de lo que los personajes animados anuncian: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de una empresa por los daños que causan sus productos?
A partir de ahí surgen más interrogantes, como la manera en que las empresas deberían responder por esos daños, o incluso cuántos pesos y centavos vale la vida de alguien.
En Estados Unidos, estas cuestiones llevan décadas ocupando a los tribunales como parte del desarrollo del derecho de daños, o tort law.
La práctica de esta área legal busca que las personas obtengan una reparación cuando otra persona o empresa les ha causado un perjuicio. Los casos pueden tratar sobre accidentes o productos defectuosos, pero también sobre situaciones más delicadas como la negligencia médica.
La dimensión económica de este sistema es considerable. Entre 2016 y 2023, las indemnizaciones y los costos asociados a la responsabilidad civil en Estados Unidos se situaron en un rango de aproximadamente 350 mil a 580 mil millones de dólares anuales, equivalentes a alrededor de 1.8% a 2.2% del PIB (The Brattle Group, 2024; Insurance Information Institute, 2026).
Con el tiempo, las reparaciones otorgadas a las víctimas adquirieron una función disuasora primordial para fomentar la prevención de accidentes en ese país.
La posibilidad de enfrentar nuevas demandas y sufrir consecuencias económicas sirvió como incentivo para que las empresas invirtieran en seguridad y mejoraran sus productos y servicios. Esta evolución dio lugar a una cultura de responsabilidad en la que los costos de una negligencia pueden ser tan impactantes como la peor decisión de negocios.
En México, en cambio, todavía estamos lejos de conseguir que quienes causan un daño enfrenten consecuencias económicas proporcionales a la gravedad del mismo, mucho menos que asuman el costo de repararlo.
La peor parte es que las víctimas deben enfrentar procesos largos y costosos para conseguir que alguien reconozca su responsabilidad, mientras quienes causaron el daño continúan operando como si nada hubiera ocurrido. En nuestro país todo pasa, pero nunca pasa nada.
Frente a este escenario, algunas sentencias han comenzado a sentar las bases para transformar la manera en la que entendemos la reparación de daños en México.
En 2014, la Suprema Corte condenó al hotel Mayan Palace a pagar 30 millones de pesos por daño moral a los padres de un joven que murió electrocutado debido a la negligencia del establecimiento.
Decisiones como esta tienen un potencial transformador porque inciden directamente en la capacidad operativa de una empresa, al mismo tiempo que consideran el daño real ocasionado a las víctimas.
Ahí está la lección del Coyote. Su demanda contra ACME es un recordatorio de que exigir una reparación es una forma de hacer que las empresas asuman las consecuencias de sus actos y, sobre todo, de evitar que vuelvan a ocurrir.
Mientras resulte más barato enfrentar una demanda que invertir en seguridad, las empresas tendrán pocos incentivos para cambiar sus prácticas.
El verdadero desafío para México consiste en revertir esa lógica, de manera que prevenir un accidente sea siempre una mejor decisión que esperar sus consecuencias.
Fuente: El Financiero
