La protección que ofrecen las patentes puede plantear dilemas importantes para quienes impartimos justicia. Recientemente, en el tribunal que presido, discutimos una controversia relacionada con dos laboratorios con derechos sobre la semaglutida.
En México, 300 personas pierden la vida a causa de la diabetes cada día. Como la segunda causa de muerte en nuestro país, esta enfermedad es uno de los grandes desafíos tanto en materia de salud pública como para la industria farmacéutica.
Esta última invirtió años de investigación y numerosos intentos antes de dar con medicamentos eficientes para su tratamiento.
Después de quince años y tras más de doscientas pruebas, surgió la semaglutida, un medicamento que ha demostrado ser exitoso para controlar los niveles de glucosa y reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares.
Así como la semaglutida no surgió de la nada, lo mismo ocurre con muchos de los medicamentos que hoy utilizamos. Las empresas farmacéuticas destinan enormes cantidades de recursos económicos, materiales y humanos para desarrollar más y mejores tratamientos.
Para que ese esfuerzo sea redituable, los laboratorios pueden obtener patentes que les permiten comercializar sus invenciones de manera exclusiva durante un periodo determinado. Así, tienen la oportunidad de recuperar lo invertido y continuar con la búsqueda de nuevas soluciones médicas.
No obstante, la protección que ofrecen las patentes puede plantear dilemas importantes para quienes impartimos justicia. Recientemente, en el tribunal que presido, discutimos una controversia relacionada con dos laboratorios con derechos sobre la semaglutida.
Ambas empresas buscaban impedir que la COFEPRIS autorizara un nuevo medicamento con esta sustancia, ya que la posibilidad de extender sus patentes seguía pendiente. La discusión dividió al tribunal.
Por un lado, quienes consideraban necesario esperar para proteger los derechos de las farmacéuticas, y por el otro, quienes sosteníamos que también debían tomarse en cuenta las consecuencias de esa espera sobre la población.
Si bien la protección de las patentes es un incentivo para quienes participan de la innovación médica, esa misma protección limita la posibilidad de que otros fabricantes compitan en el mercado.
Cuando termina el periodo de exclusividad, la entrada de nuevos competidores puede favorecer la reducción de precios y permitir que más personas accedan a los tratamientos que necesitan. Asimismo, los servicios públicos de salud pueden beneficiarse, pues adquirir medicamentos a menores precios les permite atender a más pacientes con los mismos recursos.
Estos son algunos de los intereses que los tribunales debemos considerar al resolver controversias sobre patentes farmacéuticas.
Proteger los derechos de quienes desarrollan nuevos medicamentos es fundamental para que la investigación continúe, pero también es esencial entender el alcance de esa protección y sus consecuencias sobre la salud de millones de personas.
Para quienes necesitan un medicamento y no pueden pagarlo, la llegada de una alternativa más económica puede cambiarlo todo.
Al final del día, facilitar el acceso a los avances de la medicina también significa abrir la posibilidad de una vida más digna.
Fuente: El Financiero
