Tras 18 años de prisión preventiva, Israel Vallarta fue finalmente liberado por orden de una jueza federal. Su nombre se instaló en la conversación pública desde 2005, cuando fue detenido y presentado ante las cámaras en un montaje que, con el tiempo, revelaría mucho más sobre las fallas estructurales del sistema de justicia penal que sobre la verdad de los hechos. El suyo no es un caso aislado ni una excepción. Es un reflejo incómodo de la fragilidad de la justicia cuando se menoscaba el principio que debería sostener cualquier proceso penal: la presunción de inocencia.
En México, demasiadas veces se ha invertido el orden que dicta el derecho. Se detiene primero y se investiga después. Se encarcela sin pruebas suficientes y se prolonga la prisión preventiva sin justificación real. Se exhibe públicamente a las personas detenidas como si la sola sospecha fuera equivalente a una sentencia firme. Esta lógica del castigo anticipado responde a una inercia institucional que no ha logrado erradicarse, a pesar de las reformas y los compromisos del Estado mexicano frente a organismos internacionales. Lo más grave es que esa lógica encuentra también eco en la opinión pública, en discursos que confunden justicia con venganza y en coberturas mediáticas que alimentan el juicio social antes que el proceso legal.
El caso Vallarta encarna las consecuencias de esa distorsión. Durante casi dos décadas, Israel Vallarta estuvo privado de la libertad sin que existiera una sentencia condenatoria en firme. La prisión preventiva se convirtió fácticamente en una pena anticipada. Y durante todos esos años, el proceso penal avanzó lentamente, con irregularidades, sin pruebas concluyentes, sin que se garantizara plenamente su derecho a una defensa adecuada y a un juicio justo.
La presunción de inocencia es la piedra angular del debido proceso. Significa que nadie debe ser tratado como culpable mientras no se haya demostrado su responsabilidad más allá de toda duda razonable. Significa que es el Estado, y no la persona acusada, quien debe probar los hechos. Significa también que la privación de la libertad antes de una sentencia debe ser siempre excepcional, justificada y proporcional. Cuando estas reglas no se cumplen, el proceso pierde legitimidad y el sistema se convierte en maquinaria de tortura.
La liberación de Israel Vallarta no borra el daño causado, pero puede y debe servir como punto de inflexión. No basta con reconocer que hubo una injusticia. Es necesario indagar en las razones y las condiciones que permitieron que ocurriera, al mismo tiempo debe asegurarse que un caso así no se repita. Reivindicar la presunción de inocencia es mucho más que una consigna jurídica. Es una apuesta ética y política por un sistema de justicia que no destruya vidas antes de tiempo. Es recordar que la justicia debe construirse con pruebas, procesos y legalidad, no con prejuicios o linchamientos mediáticos. Y es, sobre todo, reafirmar que toda persona, incluso aquella que nos resulta incómoda o ajena, merece ser tratada con dignidad hasta que se demuestre lo contrario.
Fuente: Contralínea
