En México, la igualdad formal no ha sido suficiente para garantizar justicia. Las leyes pueden ser iguales para todos, pero sus efectos nunca lo han sido. Y si no fuera por la reforma al Poder Judicial, nunca lo serían, porque no todas las personas parten desde la misma posición. Quien ha vivido en situación de pobreza, ha sido discriminada por su género o ha crecido en un entorno donde sus derechos no fueron respetados, sabe que la justicia no siempre llega… o llega tarde.
Por eso hablo de justicia con equidad. Porque cuando se juzga desde el privilegio, se tiende a reforzar desigualdades en lugar de corregirlas. La equidad implica reconocer el contexto, las desventajas estructurales y los obstáculos históricos que enfrentan millones de personas. Solo así, ajustando la justicia a la realidad de quienes más la necesitan, podemos hablar de una Suprema Corte verdaderamente transformadora.
Lograr una justicia con equidad requiere, para empezar, juzgar con perspectiva. No es lo mismo enfrentar un juicio siendo una mujer indígena que un hombre con poder económico. El Poder Judicial debe reconocer esas diferencias y actuar en consecuencia. Precisamente porque sus decisiones deben emparejar el terreno, no profundizar la desigualdad.
También implica romper separar a la justicia del poder del dinero. Durante décadas, los tribunales han favorecido los intereses de unos pocos. Pero gracias a la transformación profunda que vive el Poder Judicial, ahora tenemos la oportunidad de construir una justicia que no sea instrumento de las élites para conservar sus privilegios.
Otro paso necesario es eliminar las normas discriminatorias. Muchas leyes parecen neutras en papel, pero en la práctica perpetúan un sinnúmero de estereotipos. La Corte debe revisar estos marcos normativos con lupa y promover su transformación. Porque no basta con proteger derechos, hay que remover activamente los obstáculos que impiden al pueblo poder ejercerlos.
El Poder Judicial no puede seguir tomando decisiones desde el aislamiento. Necesitamos una justicia participativa y comprensible, que escuche a la ciudadanía, que elimine tecnicismos innecesarios y que produzca sentencias que la gente pueda entender.
Debe ser además una justicia eficaz. Hoy en día, los procedimientos son tan complejos que desalientan a quienes más necesitan una respuesta. El juicio de amparo, por ejemplo, debe dejar de ser una carrera de obstáculos. Asimismo, se debe eliminar el abuso del llamado “amparo para efectos”, que dilata indefinidamente los procesos. Porque una sentencia oportuna puede marcar la diferencia en la vida de las personas, especialmente cuando se trata de derechos fundamentales.
Finalmente, el elefante en la sala que muchos no quieren ver. Sólo podemos lograr una justicia con equidad si eliminamos la corrupción del Poder Judicial. Y eso empieza desde arriba, cada ministra y cada ministro debe actuar como referente moral, para predicar con el ejemplo. Porque la confianza ciudadana se gana con hechos.
Una justicia con equidad es la que pone al centro a quienes han sido históricamente olvidados. La que actúa con empatía y reconoce las desigualdades. La verdadera justicia escucha al pueblo y transforma para bien su entorno social. Y es que sólo una justicia cercana puede sanar un país herido. Sin equidad, la justicia no es justicia, es una forma más de opresión.
Ana María Ibarra Olguín*
*Magistrada de Circuito; licenciada, maestra y doctora en derecho. Candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Fuente: Contralínea
